La Fiscalía de Granada pide archivar la causa contra Juana Rivas por sustracción de menores
El Ministerio Fiscal considera que no existen elementos suficientes para acusarla y diferencia los hechos ocurridos en 2025 de los que motivaron su condena en 2017
La Fiscalía Provincial de Granada ha solicitado el archivo de la causa abierta contra Juana Rivas por un presunto delito de sustracción de menores al considerar que no existen elementos suficientes para formular acusación y que los hechos ocurridos en 2025 presentan diferencias sustanciales respecto a los que motivaron su condena en 2017.
La petición figura en un informe firmado el pasado 14 de septiembre y dirigido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada que investiga el caso, según ha informado el despacho Aránguez Abogados, encargado de la defensa de Rivas. La granadina declaró como investigada en octubre del pasado año.
La causa se inició a raíz de una denuncia presentada en marzo de 2025 por Francesco Arcuri, después de que el hijo menor de ambos permaneciera en España tras las vacaciones de Navidad y no regresara a Italia, donde residía con su padre, dentro del plazo establecido por la justicia italiana.
La permanencia del menor en España estuvo inicialmente respaldada por una decisión judicial. El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, en funciones de guardia, acordó suspender provisionalmente su regreso después de escuchar al niño y ante la posible existencia de una situación de riesgo. La Fiscalía había solicitado esa exploración urgente ante la inminencia del regreso a Italia y teniendo en cuenta la existencia de actuaciones penales en ese país relacionadas con presuntos malos tratos.
La Audiencia Provincial de Granada acordó posteriormente, en julio de 2025, que continuara la investigación sobre la posible existencia de un delito de sustracción de menores, después de que el Juzgado de Instrucción hubiera archivado inicialmente la denuncia.
La Fiscalía aprecia diferencias con el caso de 2017
El Ministerio Fiscal descarta ahora que haya quedado suficientemente acreditada una voluntad de sustraer al menor al margen de los cauces legales. Según el informe, Rivas actuó con asesoramiento jurídico y acudió a diferentes procedimientos judiciales para tratar de suspender o retrasar la entrega del niño.
La Fiscalía considera especialmente relevante que la permanencia del menor en España estuviera durante parte del periodo controvertido amparada por una medida judicial de protección y sostiene que esta decisión no puede interpretarse como una maniobra artificial provocada por Rivas. Cuando la orden de restitución terminó siendo ejecutiva, el menor fue finalmente entregado el 25 de julio de 2025.
El informe establece así diferencias con los acontecimientos de 2017. En aquella ocasión, Rivas fue condenada inicialmente en 2018 por dos delitos de sustracción de menores después de permanecer durante aproximadamente un mes en paradero desconocido con sus dos hijos pese a los requerimientos judiciales para su entrega.
Posteriormente, el Tribunal Supremo consideró que los hechos constituían un único delito y redujo la condena a dos años y seis meses de prisión. Más tarde recibió un indulto parcial de la pena.
En relación con los hechos investigados ahora, la Fiscalía destaca, por el contrario, que Rivas no permaneció oculta con su hijo, que su localización fue conocida y que canalizó su oposición a la entrega mediante procedimientos y recursos judiciales.
La finalidad de proteger al menor
La defensa de Juana Rivas ha sostenido durante la investigación que su actuación estuvo encaminada a proteger a su hijo ante una situación que consideraba de riesgo y no a hacerse con su custodia mediante una actuación al margen de los tribunales.
Según la información facilitada por su defensa sobre el informe fiscal, el Ministerio Público considera relevante la existencia de elementos objetivos que podían sustentar esa preocupación, entre ellos las actuaciones judiciales abiertas en Italia.
En ese país continúa actualmente en fase de juicio oral un procedimiento penal contra Francesco Arcuri por presuntos malos tratos físicos y psicológicos habituales a sus hijos. La petición de archivo formulada ahora por la Fiscalía deberá ser resuelta por el órgano judicial que instruye la causa en Granada.
La vecina de Maracena asegura que el padre del menor le impide cualquier contacto y reprocha que el juicio por presuntos malos tratos en Italia avance con extrema lentitud
Trabajadores de los Servicios Sociales de Carloforte declararán como testigos en una nueva sesión del proceso que se sigue en Cagliari por supuestos malos tratos físicos y psicológicos
