Investigada una cuidadora por robar presuntamente la tarjeta bancaria de una persona dependiente y realizar compras
La Guardia Civil pone a disposición judicial a una mujer de 26 años acusada de hurto y estafa tras detectar operaciones y tentativas de pago por unos 540 euros en la Costa Tropical
La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a una mujer de 26 años como presunta autora de un delito de hurto y otro de estafa después de que supuestamente se apoderara de la tarjeta bancaria de una persona dependiente de avanzada edad a la que atendía como trabajadora del servicio de ayuda a domicilio y la utilizara para efectuar distintas compras.
Los hechos se han producido en la comarca de la Costa Tropical, en la provincia de Granada, y la investigación comenzó después de que un familiar de la víctima denunciara ante la Guardia Civil la desaparición temporal de una tarjeta bancaria, además de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y dinero en efectivo. Estos dos últimos efectos no han sido recuperados hasta el momento.
La víctima, que presenta una discapacidad visual y recibe asistencia domiciliaria, había sido objeto además de varios movimientos bancarios que no se correspondían con su actividad habitual.
Las sospechas recayeron inicialmente sobre la última cuidadora que había atendido a la perjudicada, al ser una de las personas que tenía acceso directo tanto a la vivienda como a su documentación personal. Además, debido a la discapacidad visual de la víctima, la trabajadora la acompañaba en algunas ocasiones a la entidad bancaria para realizar retiradas de dinero en efectivo.
A partir de estos datos, los agentes iniciaron las pesquisas y comprobaron que durante dos días consecutivos del mes de agosto se habían intentado realizar varias compras presenciales con la tarjeta sustraída.
Algunas de estas operaciones fueron rechazadas al introducirse un número PIN incorrecto. Sin embargo, sí llegaron a completarse otras compras efectuadas a través de internet. El importe conjunto de las operaciones realizadas y de las tentativas de pago ascendió a 539,55 euros.
Las investigaciones y las declaraciones recabadas entre distintos testigos permitieron a la Guardia Civil relacionar estas operaciones con la trabajadora del servicio de ayuda a domicilio que atendía a la víctima.
Los agentes comprobaron además que las compras efectuadas por internet con la tarjeta de la perjudicada estaban vinculadas a una cuenta y una dirección asociadas a la presunta autora, así como a su número de teléfono.
Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha puesto a la mujer a disposición judicial como presunta autora de un delito de hurto y otro de estafa.
El tribunal considera que la rescisión del servicio en 2010 no fue una decisión arbitraria ni tiene relevancia penal
La Audiencia impone además al joven seis años de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, que tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos
