El "caso Marchelo" afronta su desenlace tras casi 20 años de instrucción
La Audiencia de Granada juzga desde este martes la última pieza de la causa, relativa a presuntas irregularidades en la construcción de una gasolinera en Alhendín
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada comienza a juzgar este martes la última pieza separada del denominado "caso Marchelo", una causa que afronta su desenlace después de casi dos décadas de instrucción. El procedimiento se centra en las presuntas irregularidades cometidas en la tramitación y construcción de una gasolinera en la avenida de Andalucía de Alhendín.
En el banquillo se sentarán el que fuera concejal de Urbanismo en el momento de los hechos, Manuel F.M., otros dos exconcejales que integraban la comisión de gobierno, un arquitecto municipal y los dos empresarios a los que se concedió la licencia para la estación de servicio. La Fiscalía les atribuye, según cada caso, presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y prevaricación administrativa.
Los hechos se remontan a 2002, cuando el entonces alcalde de Alhendín, José Guerrero (PP), habría negociado la venta de una finca de su propiedad para la construcción y explotación de una estación de servicio. La causa contra el exregidor se encuentra archivada provisionalmente por motivos de salud.
Según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, la instalación de la gasolinera era contraria a las normas subsidiarias vigentes porque el terreno estaba clasificado como "suelo urbano, agrupación intensiva de vivienda unifamiliar". El Ministerio Público mantiene que, pese a conocer esta circunstancia, se habría condicionado la operación a la obtención de los permisos y licencias municipales necesarios.
La acusación sostiene igualmente que los tres exconcejales procesados votaron favorablemente las licencias y proyectos presentados pese a conocer la supuesta incompatibilidad con la normativa urbanística. Al técnico municipal se le atribuye haber informado favorablemente los expedientes pese a ser consciente, según la Fiscalía, de que vulneraban la normativa. El Ministerio Público señala además que la operación habría incluido "un cambio fraudulento en la clasificación del suelo" para posibilitar la construcción y explotación de la estación de servicio.
Peticiones de hasta 21 meses de prisión de la Fiscalía
La Fiscalía solicita 18 meses de prisión para los tres exconcejales y el técnico municipal, mientras que para uno de los empresarios acusados interesa una pena de 21 meses de cárcel.
La acusación particular, ejercida por un empresario que se considera perjudicado y representado por el abogado José Manuel Urquiza, eleva sus peticiones. Reclama para los tres exconcejales y el técnico municipal 22 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que para los dos empresarios acusados solicita dos años de cárcel y nueve de inhabilitación.
La acusación particular reclama también una indemnización por los daños y perjuicios que sostiene que le ocasionó la construcción de la gasolinera después de que previamente se le hubiera denegado una instalación de este tipo por tratarse de suelo residencial.
Entre sus pretensiones se encuentran igualmente la anulación de las licencias vinculadas a la estación de servicio y su demolición, además de indemnizaciones por lucro cesante cuya cuantía solicita que sea determinada durante la ejecución de una eventual sentencia.
Sin acuerdo para evitar el juicio
Esta última pieza llegará finalmente a juicio después de que no haya sido posible alcanzar un acuerdo entre las partes. En las otras dos piezas que integraban la macrocausa, relacionadas con la urbanización Novosur y el polígono Marchalhendín, los acuerdos alcanzados entre Fiscalía, defensas y acusaciones evitaron la celebración de las vistas.
En esta ocasión, las diferencias sobre la responsabilidad civil y las indemnizaciones reclamadas por el empresario que ejerce la acusación particular han impedido cerrar un pacto previo. El juicio en la Audiencia Provincial de Granada está inicialmente previsto desde este martes hasta el jueves
El acusado reconoció los hechos y deberá indemnizar con 3.000 euros a la víctima, sobrina de la que entonces era su pareja
El procesado, para quien la Fiscalía pide cinco años de cárcel, sostiene que nunca recibió ningún aviso de la Seguridad Social y afirma que quiere devolver el dinero
