El Gobierno declara Granada zona gravemente afectada por los terremotos
La medida abre la puerta a ayudas por daños en viviendas y negocios, beneficios fiscales y financiación de hasta el 50% para reparar infraestructuras municipales
El Consejo de Ministros ha declarado este martes la provincia de Granada como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, la anteriormente denominada "zona catastrófica", como consecuencia de la serie sísmica registrada durante el pasado mes de agosto.
El Gobierno ha destacado la gravedad del episodio tanto "por su persistencia temporal como por la preocupación generada entre la población y las administraciones competentes". La declaración permitirá a los distintos ministerios activar líneas de ayudas y medidas destinadas a compensar los daños sufridos por particulares, empresas y administraciones públicas.
La serie sísmica granadina se incluye en un acuerdo más amplio que declara zonas gravemente afectadas a los municipios que sufrieron alguno de los 112 episodios adversos registrados en 14 comunidades autónomas entre el 27 de julio y el 31 de agosto de 2026, entre ellos incendios forestales, olas de calor, lluvias intensas e inundaciones.
La aplicación de las diferentes ayudas estará condicionada a que los afectados puedan acreditar los daños y perjuicios sufridos, de acuerdo con los requisitos establecidos para cada línea. El Ejecutivo deja además abierta la posibilidad de incorporar nuevas medidas cuando disponga de una evaluación más completa de los daños, realizada en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Ayudas para viviendas, enseres y negocios
Las personas y entidades afectadas podrán solicitar ayudas a la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior para paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres, así como perjuicios ocasionados en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
También podrán acogerse a estas ayudas las corporaciones locales por los gastos derivados de la emergencia y las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o aportado bienes para colaborar en la respuesta ante los terremotos.
El acuerdo contempla igualmente estudiar la exención de las tasas de la Jefatura Central de Tráfico para obtener duplicados de permisos de circulación o conducción y tramitar la baja de vehículos siniestrados. También podrá aplicarse a la expedición del DNI cuando haya resultado perdido o destruido como consecuencia de la emergencia.
Exenciones en el IBI y ayudas a los ayuntamientos
El Ministerio de Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para los afectados que cumplan los requisitos que se establezcan. Las ayudas concedidas por daños personales estarán exentas del IRPF.
Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar, por su parte, medidas como bonificaciones y exenciones en las cuotas de la Seguridad Social.
Una de las principales medidas para los municipios afectados será la posibilidad de recibir financiación estatal para reparar los daños registrados en bienes públicos. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática podrá conceder ayudas de hasta el 50% del coste de los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.
Actuaciones de emergencia para reparar los daños
Los diferentes ministerios podrán declarar zonas de actuación especial y tramitar como emergencia las obras necesarias para reparar infraestructuras públicas dañadas por los terremotos.
También podrán recibir esta consideración los contratos destinados a la reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos y servicios, la reposición de bienes afectados y las propias valoraciones de daños, independientemente de su cuantía.
El acuerdo permite además declarar urgente la ocupación de aquellos bienes que pudieran resultar afectados por expropiaciones necesarias para ejecutar las actuaciones de recuperación.
La declaración aprobada por el Consejo de Ministros supone así la activación del marco estatal para canalizar ayudas hacia los vecinos, negocios y ayuntamientos granadinos afectados por la serie sísmica de agosto, mientras continúa la evaluación de los daños para determinar si son necesarias nuevas medidas de apoyo y recuperación.
La serie iniciada en agosto muestra un "amortiguamiento generalizado", aunque los expertos mantienen la vigilancia ante una actividad que acumula más de 1.500 terremotos
