Podemos rechaza la "precarización laboral" de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio
La formación acompañará a la Marcha Blanca en su llegada a la capital granadina el próximo sábado
La responsable del Área de Mayores y Dependencia de Podemos Andalucía, Carmen Martín, ha puesto de manifiesto su rechazo a la “precarización laboral” que sufren las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y ha anunciado que desde su formación estarán “apoyando” sus reivindicaciones y “acompañando” a la Marcha Blanca en su llegada la capital granadina el próximo sábado 12 de marzo.
Martín ha exigido a la Junta de Andalucía que “utilice los miles de millones de superávit de los que presume y que tiene guardados en un cajón” para ejecutar un aumento de la inversión que permita “reducir las vergonzosas e inhumanas listas de espera de años” para la valoración y atención a la dependencia y que se traduzca en “una mejora real y urgente tanto de la calidad asistencial del servicio como en las condiciones de trabajo de los empleados”.
Para Martín, una de las premisas fundamentales para la mejora del empleo pasa por “cuidar a quienes nos cuidan”, y eso supone, ha explicado, que la Junta de Andalucía y las empresas adjudicatarias del servicio “dignifiquen el trabajo de los profesionales, porque cuando todas estas empleadas y empleados defienden sus condiciones laborales están defendiendo también los derechos humanos y los derechos de todas las personas mayores y dependientes”.
En este sentido, la responsable del Área de Mayores y Dependencia de Podemos Andalucía ha censurado las prácticas de muchas de estas empresas, que “con la connivencia de la Administración, que mira para otro lado, se dedican a mercantilizar y hacer negocio con la salud de nuestros mayores, buscando maximizar sus beneficios a costa de los cuidados y de los trabajadores”.
Por eso, Martín ha pedido al Gobierno andaluz que “escuche a los trabajadores” y atienda reivindicaciones básicas como “la remunicipalización del servicio, la adaptación de los puestos de trabajo de las trabajadoras en situación de embarazo, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales o el establecimiento un valor mínimo neto por hora de trabajo para las auxiliares de 10 euros”.
La formación presenta alegaciones al proyecto al considerar que existen "graves deficiencias urbanísticas, ambientales y patrimoniales" y reclama que se justifique el interés general de la actuación
